Chetumal, Q. Roo, lunes 9 de diciembre de 2013
En primera fila
La reciente aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales por parte del Congreso de la Unión puso de manifiesto el notorio retraso de nuestro país en materia legislativa y, lo que es peor, evidenció el retraso de Quintana Roo en ese renglón, obvia y particularmente en el caso de quienes tienen en sus manos esa responsabilidad.
Nos referimos concretamente a la Consejería Jurídica de Gobierno y los Poderes Legislativo y Judicial, que por años se han dedicado a dormir el sueño de los “justos”, o bien a hacer “grilla” para conserva el puesto. Han hecho de todo, excepto estudiar Derecho, asesorar a quien le paga (en el caso de la primera) o elaborar alguna iniciativa de ley en el renglón.
En efecto, con la reforma constitucional del 18 junio de 2008, cuando se sentaron las bases para el nuevo sistema de justicia penal en México (NSJP), se estableció un plazo de ocho años para que, entre otros, el Congreso de la Unión aprobara leyes secundarias federales, las 32 entidades federativas ajustaran sus legislaciones y su Poder Judicial adecuara instalaciones y capacitara personal.
A casi cinco años de su publicación, sin embargo, el Legislativo federal apenas la semana anterior aprobó la normatividades clave del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, aunque la reforma opera ya en menos de la mitad de las entidades.
En efecto, hasta agosto de 2012 la operaba total o parcialmente en 11 entidades, estaba por entrar en vigor en otras cinco y su planeación tenía “niveles bajos de avance” en las otras 16, aunque en mayo de este año operaba en 13 -Chihuahua, Estado de México y Morelos, las más avanzadas-, y siete más comenzarían a hacerlo en los próximos meses.
De manera parcial, pero con avances significativos, se aplicaban cambios en Yucatán, Baja California, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Oaxaca, aunque, con presunción de inocencia del acusado, y garantía de mayor protección a los derechos de las víctimas, deberá estar listo y operando en todo el país el 19 de junio de 2016.
Así, entre otros, obliga a que los juicios sean orales y públicos en vez de basarse en expedientes escritos, establece derechos mínimos para detenidos y víctimas, y ordena al Estado fortalecer sus defensorías públicas y crear mecanismos alternativos para que las partes acuerden solucionar un conflicto, en lugar de sostener todo un litigio.
La nueva legislación propone un sistema en el que se respeten los derechos de víctima, ofendido e imputado, partiendo de la presunta inocencia de este último, lo que fortalece el proceso y un pleno respeto a los derechos humanos de las partes en una investigación o proceso penal, que se basa en un sistema acusatorio-adversarial, donde el juez decide de manera imparcial las solicitudes, y los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales, públicas y contradictorias.
Los principios que rigen el Nuevo Sistema de Justicia Penal incluyen un proceso basado en una metodología de audiencias verbales y públicas, donde las decisiones se van tomando durante el procedimiento (Oralidad); podrán asistir a ellas quienes lo deseen, salvo excepciones legales (Publicidad); las partes estarán en igualdad de condiciones (Contradicción)
La audiencia oral se debe celebrar de una sola vez y en forma sucesiva, a efecto de una mayor proximidad entre el desahogo de pruebas, alegatos y deliberación de jueces para la sentencia (Concentración y continuidad), y en todas las audiencias estará presente el juez o jueces, sin que pueda nombrar a nadie en su representación (Inmediación), en tanto que se precisan y amplían los derechos o garantías del imputado, así como de la víctima u ofendido.
Ahora bien, ante el evidente atraso de Quintana Roo y la ausencia del Consejero Jurídico, Raúl Labastida Mendoza, el secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti Loría, en calidad de vicepresidente del Órgano Técnico para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, exhortó el 27 de noviembre a los responsables en la materia a redoblar esfuerzos en juicios transparentes y ágiles, con respeto a los derechos humanos desde el 10 de junio del 2014.
Por su parte “los presidentes” de la XIV Legislatura, José Luis Toledo Medina y Pedro Flota Alcocer, se reunieron la semana anterior con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, con quien “se comprometieron” a sacar adelante -léase aprobar- el paquete de reformas relacionadas con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, antes de concluir el periodo ordinario de sesiones, del 17 de diciembre.
En términos llanos, se trata de algo así como “mayoritear” al “vapor” la aprobación del dictamen de la iniciativa, pese a la relevancia de la nueva ley, sobre la que el propio Toledo Medina reconoce ser importante para que “las instancias encargadas de la administración e impartición de justicia cuenten con la certeza jurídica”. ¿No será para que la garanticen?
Ahora bien, el nuevo sistema procesal acusatorio incluye que todo acusado tendrá derecho a que se le presuma inocente hasta que el Ministerio Público demuestre lo contrario, en tanto que un Juez de Control, nueva figura en la Constitución, tendrá por función asegurarse de dejar a salvo los derechos fundamentales de las partes al resolver solicitudes del Ministerio Público sobre medidas cautelares y técnicas de investigación.
Además, serán nulas pruebas obtenidas mediante la violación de derechos humanos o confesiones donde el imputado no haya estado acompañado de un abogado defensor que, ne-ce-sa-ria-men-te, deberá ser titulado, con cédula profesional, al igual que el defensor público que asigne el juez en caso de que el acusado carezca de un defensor. El defensor público devengará un salario igual al del Ministerio Público.
O sea, adiós a los defensores “tinterillos”, con alguna experiencia en los tribunales, pero sin título -permitidos en penal, agrario y laboral- ni compromiso moral con sus clientes, en tanto se pagará lo justo a los abogados de oficio que, titulados y generalmente sobrecargados de trabajo, operan sin estímulos y, por lo mismo, con menor profesionalismo.
A tres años de sentarse las bases para el nuevo sistema, unos meses de haber tomado posesión y dos años siete meses como consejero jurídico, Labastida Mendoza convocó a una unidad que concentre los aspectos jurídicos de gobierno, a través de sus dependencias, organismos descentralizados y desconcentrado, pero “cero” asesoría al gobernador Roberto Borge para alguna iniciativa sobre el nuevo Sistema.
Es de esperarse seminarios, talleres y cursos de instituciones, así como la participación de los Colegios de Abogados Postulantes de Cancún, que encabeza Alejandro Aguirre Buenfil, de Abogados Litigantes en Quintana Roo (Raúl Ojeda González) y de Licenciados en Derecho del Estado (Víctor Emilio Boeta Pineda), y Barra de Abogados de Quintana Roo (Manuel Canto Presuel). Labastida Mendoza encabezaba una Barra en el Sur hasta el 2010, pero no se sabe nada.
(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)
*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 35 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.
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La asociación civil Eleonora Mendoza que preside la maestra en derecho Miriam Salgado Mendoza, con apoyo de la empresa zenslotto, en días pasados hizo entrega de becas por un monto de cincuenta mil pesos como apoyo a mujeres.
javieraguilarduarte 