Propuesta de “morir con dignidad” Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

CABAÑASProveniente del término griego “euthanasía”, que significa buena muerte, la eutanasia, acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos, es decir muerte sin sufrimiento físico, volvió a crear controversia esta semana tras que el diputado perredista Fernando Belaunzarán Méndez presentara una iniciativa que, dijo, tiene como valor fundamental la dignidad humana.

Tema controversial que habla de despenalizar y regular la eutanasia en México, y contra lo que se pudiera pensar, dice, se trata de un acto de amor, de compasión en el sentido original de la palabra, es decir, ponerse los zapatos del otro y ponerse en los zapatos de quien sufre; ponerse en los zapatos de quien padece a veces verdaderamente dolores que nadie merecería, por lo menos si no quisieran hacerlo a voluntad.

Dicha polémica tiene que ver con discusiones religiosas, sin pasar por alto que vivimos en un Estado laico, con lo que la iniciativa se desprendería de una correcta lectura de la Constitución.

¿De quién es la vida? ¿De aquel que la experimenta? O de un ser superior que nos la otorga. Obviamente, nadie se pondrá de acuerdo en la intensa discusión en filosofía, teología, política, etc., pero la Constitución establece cómo resolver este dilema, ya que si la vida es de quien la experimenta, no hay discusión, pues pudiera tomar la decisión difícil, dura, complicada, esencial, de decir “ya no quiero más por ser insufrible”.

Pero si alguien piensa lo contrario, por supuesto una raíz religiosa, en virtud de la cual la vida no le pertenece a quien la experimenta, pues pensará de otra manera, aunque el artículo 130 de nuestra Constitución establece la división Iglesia-Estado.

Por su parte, el artículo 40 establece que México es laico, es decir, no existe moral oficial, única que se deba aplicar a todos, según aclara el artículo 24, que establece el derecho de todos a tener convicciones éticas propias, y una convicción ética, legitima, es pensar que la vida que experimentamos no nos pertenece y, por tanto, deberíamos soportar el sufrimiento hasta el fin.

Empero, una convicción ética también aceptable es que si la vida es de quien la experimenta podría ponerle fin con un procedimiento marcado por la ley y generando este derecho.

Y esto viene a colación porque lo que vemos en nuestros hospitales es que la gente agoniza con mucho dolor, y parece ser que el Estado mexicano condena a los pacientes a padecer hasta su último aliento de vida, alarga su agonía para padecer hasta su último aliento de vida.

El artículo 1º constitucional establece los derechos humanos e impone sufrir hasta el último momento de la vida, lo que implica un acto de tortura, tortura institucional si queremos llamarle así, ya que se trata realmente de un acto de tortura.

Ahora bien, la iniciativa de Belaunzarán Méndez -turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados-, no sólo involucra a gente de convicción laica, sino también a los creyentes convencidos de que su sufrimiento no es voluntad de Dios, y pueden suspender ese sufrimiento sin contrariar esa voluntad divina, lo que sería perfectamente legítimo.

Según dice, la decisión no puede surgir del arranque de un paciente que, por ejemplo, en el transcurso de un mes deba reiterar su decisión de terminar su sufrimiento, un padecimiento tan fuerte que lo lleve a una situación límite, sino por lo menos tres entrevistas entre quien solicite la eutanasia con su médico, y en cualquier momento poder suspender la medida ese mes, en que tendría tres.

Asimismo, establece una objeción de conciencia, o sea, si algún médico plantea estar convencido de que practicar la eutanasia está contra sus creencias, se podría excusar, y el hospital lo sustituiría con quien no tenga ese problema o no choque con sus creencias.

Además, establece que desaparecerá la tipificación llamada homicidio por piedad, donde se penaliza la eutanasia.

Lo cierto es que este es un problema relacionado con la iniciativa de regular el cultivo de amapola para fines médicos y la industria farmacéutica para la morfina, ya que gran cantidad de pacientes de México sufren agonías dolorosas, terribles, que sus familias observan importantes.

En cambio, los pocos afortunados con acceso a la morfina ven a sus pacientes dormidos, bloqueados, sin dolor, pero sin conciencia, mientras que la inmensa mayoría de los pacientes está con sus familiares, que los observa padecer y sufrir, por lo que muchos dicen que ésa no es una forma digna de vivir y desearían no ver esa situación que, sin embargo, el Estado mexicano les condena a alargar en condiciones infrahumanas, indignas.

Desde luego que cada quien debería tomar su decisión, y aquél que quiera resistir el sufrimiento estaría en su derecho, pero quien quisiera poner fin a esa agonía con dolor, para respiro de él y tal vez de sus familiares impotentes de verlo sufrir, existiría una salida profundamente humanitaria, pues no padecer dolor es un derecho que debemos predicar, y tiene que ver con la dignidad.

Lo único cierto es que respetamos las creencias y la discusión sobre qué la vida, que cada quien la determine, pero el Estado no puede tomar partido porque somos una República laica, sin moral oficial, y por tanto, debemos reconocer este derecho de quienes por su bien, para mantener su dignidad en ese último lapso de su vida, o aquellos que no tienen esperanza para mejorar,

Entre éstos se podrían incluir los parapléjicos, que si quiere seguir viviendo tiene la posibilidad y se le debe ayudar a su desarrollo, pero a quienes decidan no seguir, que tengan esa posibilidad. Esto es de un Estado moderno que piensa en los derechos de su gente y que piensa que una persona puede, si así quiere, terminar con la misma dignidad con la que vino al mundo.

Así pues, la difícil decisión -ojalá no política- está en manos de los recién desempacados diputados de la LXIII Legislatura.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente de Chetumal, Quintana Roo, con más de 38 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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