En primera fila Seguridad, ¡al banquillo de acusados! Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

CABAÑASAl comparecer este martes los principales responsables de la seguridad nacional ante el Congreso de la Unión, las graves violaciones a los derechos humanos es cada vez más frecuentes en el país, donde no deja de asombrarnos la masacre de San Fernando, donde nos quedamos estupefactos con el homicidio de más de 170 migrantes hallados en fosas clandestinas; la ejecución militar de 22 personas en Tlatlaya y la “desaparición” de 43 normalistas de Iguala.

Lo anterior no hace más que dejar en evidencia la crisis de Estado en los tres niveles de gobierno. Los crímenes y “desaparición” de periodistas y defensores de derechos humanos; los feminicidios, el aumento en la saña y frecuencia con que actúa la delincuencia, son producto de complicidad de ésta con las autoridades municipales y estatales y la absurda ineficacia de las autoridades federales.

Además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 22 mil desaparecidos en todo el país revela la incapacidad de las autoridades en crear un mecanismo de búsqueda efectivo y su miopía para ver la realidad, o lo que es peor, la corrupción que corroe a todos los ámbitos en materia de seguridad.

La lista de víctimas en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Puebla, Coahuila y Veracruz es larga, por lo que cabe preguntar una y otra vez: ¿qué están haciendo para detener esta ola de violencia?

Tal y como planteó la perredista Aleida Alavez Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la PGR se ha desmantelado paulatinamente, hasta convertirse en “elefante blanco” que no garantiza el acceso a la justicia, sino que mantiene los índices de impunidad e ineficacia que dan como resultado una institución cara e ineficiente.

Ha perdido representatividad social, y abandonado su esencia. No es capaz de garantizar el derecho de acceso a la justicia imparcial, pronta y expedita, tal y como queda plasmado en la falta de resultados en los lamentables casos de San Fernando Tlatlaya y Ayotzinapa, entre otros.

Asimismo, ha negado una línea de investigación para determinar si el Ejército estuvo implicado en la desaparición de los 43 normalistas. ¿Por qué negarse? ¿A quién o a qué protege perjudica? Mejor investigar, y si no tuvo participación alguna, quedaría finalmente libre de toda sospecha.

Según la Auditoría Superior de la Federación, el costo proporcional por averiguación previa en 2007 fue de 89 mil 100 pesos. Con la misma metodología del Órgano Superior de Fiscalización, ese costo proporcional en 2013 correspondió a 143 mil 593 pesos, cuando que en México el 80% de los hogares no devenga los 10 mil pesos mensuales de ingreso neto.

Por otro lado, uno de los primeros compromisos del presidente Peña Nieto fue implementar un programa para combatir las causas sociales de la violencia y delincuencia, pero carecía de alguna nueva acción, algún nuevo programa, excepto la creación de la Gendarmería Nacional.

Esto indica que, más allá del discurso retórico del gobierno federal, los hechos indican que la estrategia se centra en la limitación de la fuerza y el mayor control territorial de la delincuencia, exactamente la misma estrategia del gobierno anterior, y que nos ha conducido a la más grave de las crisis humanitarias que haya vivido el país.

Cabe señalar que la Gendarmería, corporación “estrella” de Peña Nieto, tendría más de 40 mil efectivos, según sus promesas de compaña, pero hoy tiene sólo cinco mil y resulta el cuerpo policiaco más caro para el erario, dado que cada elemento nos cuesta proporcionalmente tres veces más que un efectivo del Ejército y dos veces más que uno de la Armada de México.

Esto nos lleva a la conclusión de que ante las acciones del Ejecutivo federal seguiremos caminando en la senda de la violencia, por lo que es necesario señalar que no existe algún giro sustancial en las políticas públicas aplicadas.

Las policías siguen estando infiltradas, no han adquirido los índices de profesionalización requeridos y, como consecuencia, 70% de la población -según datos del Inegi- sigue considerando a la inseguridad como su principal problema.

La única respuesta es el uso de las Fuerzas Armadas con todo lo que conlleva: Violaciones graves a los derechos humanos e infiltración de la delincuencia organizada. Último baluarte de nuestra soberanía, hoy es blanco de acusaciones por el presunto asesinato de jóvenes y mujeres.

El gobierno federal carece de una política eficaz para contener el avance de la violencia delictiva, tal que evite la regeneración de los cuerpos delincuenciales e impida la infiltración de la criminalidad organizada en las instituciones del Estado. Está adivinando qué acciones seguir, pero ya no podemos seguir viviendo así, sin resultados.

En conclusión, ha sido incapaz de implementar políticas públicas que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad democrática y el derecho de acceso a la justicia, con lo que ha favorecido acciones contrarias a los derechos humanos que colocan a todos en posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.

En este sentido, sin abandonar ninguna línea de investigación, incluya a quien incluya, la demanda son respuestas a múltiples interrogantes, entre ellas sobre la indicación del GPS del celular de un normalista que registró que el 26 de septiembre estaba en el 27 Batallón de Iguala, asimismo ¿Cuántos detenidos existen por el caso Ayotzinapa?  ¿Cuántos son policías y cuántos de la delincuencia organizada? ¿Cuál es su estatus jurídico?

Por otro lado, ¿Cuántas fosas clandestinas se han descubierto a partir del 26 de septiembre de 2014? ¿Cuántos cadáveres se han encontrado? ¿Quién encabeza la investigación de los hechos y la identificación de cadáveres?

No se deben agotar las líneas de investigación, sobre todo ahora que la Universidad de Austria dijo que estos restos que analizan de ADN no son de los normalistas, pues es un hecho que ha despertado el “México Bronco”, pero muy distinto al de hace 35 años.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y publicado tres libros.

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                      http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                

luancaba.qroo@gmail.com

@legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s