En primera fila ¡Gobernador desenmascarado! Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

DUARTECABAÑASChetumal, Q. Roo, jueves 20 de noviembre de 2014

 El priísta Omar Fayad Meneses fue el único senador que arriesgó ayer el pellejo en defender lo indefendible y resultó ridiculizado por su homólogo panista Javier Corral Jurado, quien destapó apestosa “cloaca” del gobierno de Chihuahua, a cuyo titular, César Horario Duarte Jáquez, acusó de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades como socio de un banco.

Ante tanto escándalo que día tras día hunden cada vez más al gobierno federal, México vive un momento complejo, delicado, donde la debilidad institucional está a la vista del mundo, al que temporalmente se embaucó con el cuento de que una clase política renovada con un presidente Peña Nieto moderno y reformador.

       A menos de 2 años, el agotamiento del régimen está exhibido, el gobierno al borde del colapso, y aquel presidente de los cuentos desaparece poco a poco para ser sustituido por uno amenazador, al que rápidamente brota un tufo autoritario que anticipa represión como una muestra más de su incapacidad para comprender lo que pasa en las calles de México: Un reclamo de justicia, una exigencia social contra la impunidad.

       Es un momento de enorme vulnerabilidad porque al horror de Iguala y los fusilamientos de Tlatlaya se suman escándalos de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y ocultamientos patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público, como la propia Presidencia, blanco de nueva indignación nacional con la existencia de esa mansión de mal gusto conocida como “Casa Blanca”, y ahora el intento de engatusar al país para “justificarla”.

       En ese momento era fundamental que el Senado, sobre todo el PRI, valorara la importancia de apoyar una propuesta de 43 senadores para darle seguimiento a una denuncia de Jaime García Chávez contra Duarte Jáquez; su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y el presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo, por su participación en la creación del Banco Unión Progreso de Chihuahua.

       La denuncia demuestra que Duarte Jáquez se hizo banquero y gobernador como socio con mayor participación en el Banco, con el 15% de las acciones, mediante el contrato de fideicomiso 744,743 por 65 millones de pesos, que constituyó con su esposa Bertha Olga Gómez Fon.

       Para ese efecto, Corral Jurado exhibió el contrato para la administración e inversión con la fiduciaria Banorte, así como el Diario Oficial de la Federación del 21 de marzo del 2014, donde aparece fungir como promotor y director de la institución.

       Para quien esta doble actividad no constituye conflicto de intereses, también exhibió una lista donde, del 2012 a octubre del 2014, el gobierno de ese Estado realizó 381 depósitos de fondos públicos a ese banco, que escogió para su flujo de capital, donde, tan sólo el 2 de diciembre del 2013, depositó más de 1,208 millones en tres partes: 400, 408 y 400 millones de pesos.

La denuncia es una apuesta por el Estado de derecho y las instituciones, en un momento en el que diversos radicalismos plantean otras vías para dirimir diferencias y solucionar problemas, además de que debió interesarle al PRI por el desprestigio con uno de sus miembros distinguidos.

       La ciudadanía avienta su desesperación a pedradas cuando los cauces legales no funcionan ni son eficaces, y de ahí la importancia del punto de acuerdo para no avalar o ser comparsa de nadie en el sistema de “tapaderas” donde se funda la base de la cultura y pacto de impunidad.

       La denuncia contiene pruebas que, inclusive, debieran originar la licencia del gobernador para enfrentar juicio penal, no administrativo, ya que no se trata de rumores, como de hace años, cuando sólo se advertía el aumento exagerado de la fortuna de César Duarte sin justificarse con alguna actividad empresarial o herencia.

       Si el patrimonio de una persona es la suma de sus ingresos del comercio, actividad empresarial, salario, herencia o donación, al gobernador no le darían todas juntas para haberse convertido en el nuevo rico de Chihuahua, aunque con enriquecimiento ilícito.

      Ahora bien, ¿Por qué el exhorto a las autoridades a cumplir su deber? Porque desde el 22 de septiembre se presentó la denuncia y no han movido un dedo la PGR ni la Comisión Nacional Bancaria, mientras que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, enterado de todo, ni siquiera responde el teléfono.

       Claro, el mismo gobernador dijo en una entrevista -lo publicó el Sol de México- que el funcionario estaba enterado de todo, y él mismo autorizó el banco. Obvio, ¿Cómo contestar el teléfono?

Por su parte, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, no puede preferir el interés del país y su deber constitucional a su filiación política como ex secretario general del PRI, ex delegado de campaña de Peña Nieto en el Estado de México y ex gobernador de Hidalgo: Ni siquiera ha abierto un expediente, dado un número de oficio o llamado a ratificar la denuncia.

Lo cierto es que aunque la alternancia política PRI-PAN propició una mayor representación popular en el Congreso, equilibrios y nuevas formas de participación, el régimen es exactamente el mismo, está intacto en sus ejes de funcionamiento esencial, donde lo más importante de ese sistema corrupto y corruptor es el pacto de impunidad entre la clase política gobernante.

El pacto está reforzado como nunca antes en la historia reciente por la convivencia misma del sistema de partidos en el ejercicio del poder porque, en estricto sentido, no existe voluntad política para acabar con ese pacto, por ejemplo en el propio Congreso, donde cuando alguien plantea algún punto de acuerdo, otro partido amenaza con sacarle “trapitos” al sol.

No obstante, Corral Jurado retó al PRI a discutir el tema, plantear dudas, negar elementos, desmentirlo, defender a Duarte y votar por obvia y urgente resolución el exhorto a Murillo Karam para que sepa que el Senado atenderá la denuncia penal de los 43 senadores del PAN, PRD y PT.

Era obvio que no era atractivo al PRI discutir ese punto de acuerdo, que respaldaron los 43 senadores, dado el momento que vive por el escándalo internacional por la “Casa Blanca” en el dolor que provoca el caso de los desaparecidos de Iguala.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

luancaba@hotmail.com                                                      leg_na2003@yahoo.com.mx                      http://facebook.com/luisangel.cabanas            luisangel.cabanas@facebook.com                                luancaba.qroo@gmail.com                                                                @legna2003                                                                 http://luisangelqroo.blogspot.mx

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